En diciembre de 2016 la Junta Departamental de Maldonado aprobó el decreto N° 3962 con la finalidad de otorgar beneficios fiscales a la industria de la construcción mediante el instrumento de la excepción urbanística para la generación de fuentes de trabajo. Esto provocó un incremento en la solicitud de grandes y medianos proyectos en la Alcaldías de: Punta del Este, Maldonado, Piriápolis y San Carlos. La excepción es la cara opuesta a la planificación territorial, la que en nuestro país se determina fundamentalmente por la Ley 18308 (LOTDS) que promueve entre otros la distribución de cargas y beneficios, la remisión al planeamiento, el reparto de plusvalías y la dirección del proceso urbanizador y edificatorio por el Estado.

Asumiendo que la referencia de nuestro ordenamiento territorial es el derecho español en la materia, puede deducirse que este modelo supone que la actuación urbanística, por medio del reparto equidistributivo, logrará la autofinanciación (Tejedor J. 2007). Esto implica un ahorro para la Administración local en la gestión del territorio. De este modo, aún cuando se reivindique el ordenamiento territorial como una función pública esencial (art. 2 LOTDS) serán los privados quienes financien, en principio, la acción urbanizadora para adquirir posteriormente los beneficios derivados de la misma; los intereses generales serán satisfechos con cargo a la recuperación por parte del Estado de los mayores aprovechamientos urbanísticos generados en el proceso.

Vemos con preocupación esta política de excepciones, ilustrada, entre otras, en declaraciones de la Arq. Soledad Laguarda, Directora General de Urbanismo realizada por la emisora FM Gente,sobre 30 proyectos de construcción presentados a la Junta Departamental en el 2017.

Laguarda manifiesta que se observa con atención cada excepción aprobada, para que el impacto sea: “el menor posible”. Sin embargo muchos de los proyectos consisten en transformaciones de gran envergadura, como un hospital privado o el World Trade Center.

El hospital internacional privado a construirse en Punta del Este tiene una superficie prevista de 58 mil metros cuadrados. El centro asistencial, que tendrá otros servicios, se ubicará en un padrón suburbano de 20 hectáreas en las cercanías del club de golf de La Barra. Laguarda explicó que el pedido de excepción es porque en algunos lugares la altura alcanza los 13 metros, cuando lo que se autorizan en zona es de siete.

“En el caso del World Trade Center nos preocupaba mucho, también, cómo quedaba la imagen de Punta del Este. Cuando uno llega, le península es la postal. Bueno, buscamos que esa postal no se altere porque tenga un edificio más en altura. Entonces hemos pedido varios ‘renders’ (imagen o video partiendo de un modelo en 3D) para ver cómo quedaba el ‘skyline’ (horizonte) de Punta del Este, cómo quedaba la postal… En otros casos, como las torres, nos preocupa que las cuatro fachadas de primer orden, que no tenga un frente a la costanera y la parte de atrás sea solo eso. En otro caso, nos preocupa qué pasa con los vecinos, que las obras no sean demasiado altas, la forestación, cómo se integran los jardines”, detalló.

Manifestó que desde la Dirección de Urbanismo se observa “el impacto que pueda tener la excepción” aprobada para cada proyecto, “para que el impacto sea el menor posible en el entorno inmediato”.

La jerarca indicó que, aunque no es infinito, todavía hay espacio para seguir construyendo en la zona y siguen surgiendo interesados.

“En realidad, en esta tanda se trata de lugares donde ya se pueden hacer bloques. No es que se está densificando en un lugar donde no se podía… Ya estaba previsto que hubiera edificios de apartamentos. Lo que se está pidiendo es ‘visto y considerando’ lo que está sucediendo con el déficit de mano de obra. Por eso esta actitud que tuvo la Intendencia, de recibir proyectos que tuvieran alguna transgresión a la norma. Y empezaron a surgir inquietudes de otros inversores” afirmó Laguarda.

La información tomada de esta entrevista demuestra una política (reiterada sistemáticamente en el departamento de Maldonado) de desconocer la planificación aprobada mediante los mecanismos legales establecidos, entre otros aspectos, incorporando la participación. Esto impacta negativamente con la imagen de balneario que la sociedad definió construir, incluyendo muchas veces el cuidado de los bienes ambientales que sostienen en turismo y las formas de vida locales. A esto se suma -con gran preocupación de nuestra parte- la decisión de no cobrar tasas de retorno al mayor valor. La exoneración del pago de esta tasa, sumado a la política de excepciones, es un subsidio muy importante que el Gobierno Departamental otorga a los emprendedores inmobiliarios, dejando de recaudar fondos para la implementación de políticas sociales que se distribuyan de acorde a las necesidades del conjunto de la sociedad, como el acceso a la vivienda o la ejecución de equipamiento urbano e infraestructura.