Análisis del proceso de relocalización del Barrio Kennedy

La relocalización total del Barrio Kennedy evidencia cómo las redes de políticas entre actores públicos y privados priorizan la valorización económica del suelo sobre la cohesión social y participación local.

El Barrio Obrero conocido como Kennedy fue fundado en 1961 por la Intendencia Departamental de Maldonado como un núcleo poblado para trabajadores en  predio de propiedad  municipal. Su ubicación es estratégica y de alto valor, encontrándose a escasos kilómetros de la península de Punta del Este y en proximidad directa a barrios de alta renta como Beverly Hills y el Club de Golf, lo que lo convirtió históricamente en un territorio de disputa frente al crecimiento inmobiliario de lujo.

Para comprender este proceso, la investigación utilizó un diseño cualitativo que incluyó la sistematización de documentos legales y la realización de entrevistas en profundidad a vecinos del barrio, autoridades políticas de la Junta Departamental y técnicos involucrados en la implementación. Este abordaje permitió contrastar los discursos oficiales con las experiencias de la comunidad y los marcos técnicos vigentes.

Un hallazgo relevante es que la decisión de relocalizar a la totalidad de las familias se contrapuso a diagnósticos técnicos previos, como el Plan de Ordenamiento Eje Aparicio Saravia (2012). Dicho plan proponía la regularización de las viviendas en ese mismo lugar (al menos para una parte del barrio) para proteger el arraigo de los pobladores con más historia, señalando que el terreno era apto para que una porción de los habitantes permaneciera allí. Sin embargo, la gestión actual priorizó el desplazamiento total de 528 hogares hacia una zona periférica.

En la red de políticas formada, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) adquirió un rol central como financista principal (aportando el 80% de los fondos). Su influencia fue tal que el diseño de la política se guió por sus propias normas de protección ambiental y social (salvaguardas), dejando en segundo plano las recomendaciones de expertos de la Universidad de la República y los principios de la Ley de Ordenamiento Territorial (LOTDS).

Por el contrario, la comunidad barrial tuvo un peso muy limitado en el resultado final. La investigación destaca la ausencia de ámbitos formales de participación ciudadana y el debilitamiento de la organización vecinal, lo que impidió que las demandas de quienes preferían permanecer en el lugar fueran escuchadas en la arena política.

Desde una perspectiva territorial, el realojo eliminó el último sector de informalidad dentro de los límites de alta renta de Punta del Este. La nueva ubicación del barrio, rodeada por avenidas de alto tránsito y desconectada de otras urbanizaciones, plantea riesgos de polarización social. En definitiva, el caso ilustra cómo la gestión urbana puede priorizar la valorización económica del suelo municipal, favoreciendo procesos de gentrificación que desplazan a poblaciones vulnerables hacia las periferias.

Autora: Luísa Oddone