Análisis de la participación ciudadana y el poder de decisión en conflictos ambientales

Análisis de los conflictos ambientales en el este uruguayo. Una participación ciudadana meramente simbólica, donde las instituciones priorizan legitimar decisiones tomadas sobre el poder social real.

El estudio analiza las estrategias participativas impulsadas entre 2010 y 2023 en los departamentos de Maldonado, Rocha y Treinta y Tres, en un contexto de crecientes tensiones ambientales. Examina cómo diversos actores (sociales e institucionales) se enfrentan por el acceso y control de los bienes naturales en un momento histórico complejo. El objetivo central fue determinar si los espacios de diálogo propiciados, por ejemplo las comisiones de cuenca o las audiencias públicas, realmente otorgan poder a la ciudadanía o si funcionan meramente como herramientas de legitimación de decisiones previas.

Desde el punto de vista metodológico, el trabajo se basó en el análisis de 32 conflictos ambientales específicos de la región. Para evaluar la calidad de la participación, la autora empleó la «escalera de la participación» de Arnstein, un modelo que categoriza las acciones en niveles que van desde la «no participación» (manipulación) hasta los grados de «poder ciudadano» (asociación y control), pasando por niveles intermedios de «simbolismo». Este enfoque permitió procesar de manera sistemática los discursos y repertorios de acción de todos los involucrados.

Los conflictos identificados, revelan una tensión constante entre modelos de desarrollo. En Maldonado y Rocha, las disputas se centran mayoritariamente en intereses inmobiliarios y turísticos que chocan con la preservación de dunas, costas y lagunas. Por otro lado, en Rocha y Treinta y Tres, los conflictos suelen asociarse a proyectos de infraestructura productiva, como la industria arrocera, la madera y la minería, donde se cuestionan los efectos ambientales de las formas de producir y la gestión de recursos hídricos.

La conclusión principal es que la participación en la región es mayoritariamente simbólica. Los datos muestran que los escalones con más peso son los de consulta e información, los cuales no garantizan que las perspectivas ciudadanas modifiquen el statu quo. Las instituciones suelen utilizar encuestas o audiencias públicas para justificar formalmente procesos participativos, midiendo el éxito por la cantidad de asistentes en lugar de evaluar cualitativamente la incidencia real de la comunidad en el proyecto final.

El título de la investigación, «Mejor pedir perdón que pedir permiso», describe una lógica reactiva por parte del Estado. Se observó que las instituciones frecuentemente inician acciones o toman decisiones en el territorio sin consulta previa. Solo cuando el conflicto estalla y la resistencia social se organiza, se activan mecanismos de diálogo para informar sobre impactos o buscar formas de remediación. Esto convierte a la participación en un instrumento de gestión de crisis y no en un derecho democrático ejercido desde el inicio del proceso.

Autora: Kianá Luzardo