Punta Ballena: la defensa ciudadana frente al avance inmobiliario

Un proyecto de 29 edificios en Punta Ballena desató la mayor movilización ambiental ciudadana de la historia de Uruguay, que logró frenarlo y avanzar hacia la protección permanente del sitio.

Punta Ballena es una península única en la costa de Maldonado: un gran acantilado sobre el mar, con grutas, especies en peligro de extinción y un paisaje que forma parte de la identidad de quienes viven en la zona y de quienes la visitan. Desde 1898 esas tierras pertenecen a la familia Lussich, aunque durante la dictadura (1973-1985) se construyó allí una ruta panorámica que dejó el lugar abierto al uso público. Un largo litigio entre la Intendencia de Maldonado (IDM) y los propietarios terminó en 2017 con un acuerdo que habilitaba edificar sobre el predio, aunque sin una normativa específica que fijara los límites de esa construcción.

En octubre de 2023 se conoció el proyecto: 29 edificios y 320 apartamentos sobre casi la totalidad del espacio hoy de uso público. La noticia generó una reacción inmediata. En pocos días, más de 300 personas se reunieron de forma presencial y 400 más de manera remota, convocadas por la Red Unión de la Costa (RUC) y el colectivo «No al proyecto Punta Ballena». De ahí surgió el Movimiento Red en defensa de Punta Ballena Natural, Libre y Silvestre, que organizó firmas, actividades culturales y deportivas, y una fuerte presencia en medios de comunicación.

El proceso de evaluación ambiental, a cargo del Ministerio de Ambiente, recibió un número récord de comentarios ciudadanos en contra: 13.603, la cifra más alta desde que existe este mecanismo de participación en Uruguay. A esto se sumaron informes técnicos de la Universidad de la República (a través del CURE), de otras facultades, y de organizaciones como la Sociedad de Arquitectos del Uruguay y el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS-UNESCO). En change.org, la petición para proteger Punta Ballena reunió más de 89.000 firmas.

El Movimiento impulsó además una Iniciativa Ciudadana, herramienta que permite a la población solicitar directamente a las autoridades departamentales una decisión sobre el uso del territorio. Tras superar ampliamente las firmas necesarias, la Junta Departamental de Maldonado la aprobó por unanimidad en marzo de 2025.

Un mes antes, en febrero de 2025, el Ministerio de Ambiente había rechazado en forma definitiva el proyecto, señalando la fuerte oposición social expresada durante el proceso. Con ambas decisiones, la Intendencia de Maldonado formó una Comisión Especial —con participación de la Universidad, autoridades municipales, partidos políticos y el propio Movimiento— para avanzar en la incorporación de Punta Ballena al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).

El caso de Punta Ballena se suma a otros conflictos similares en la costa de Maldonado —como los ocurridos en Laguna Garzón, Playa Mansa, Ocean Park o la Laguna del Diario— vinculados al avance de emprendimientos inmobiliarios sobre espacios naturales de uso público. Lo distintivo de este caso fue la magnitud y sostenibilidad en el tiempo de la participación ciudadana, que terminó incidiendo directamente en la decisión final.